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En Chiapas continúan violaciones a derechos humanos de la población indígena
En Chiapas continúan violaciones a derechos humanos de la población indígena
Gilberto Luna.
San Cristóbal, 16 de octubre del 2018.- A casi un año de la visita a Chiapas de la relatora especial de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, hasta la fecha aún continúan las violaciones a los derechos humanos a la población indígena, así lo informaron decenas de integrantes de organizaciones y comunidades que promovieron la visita en el marco de la entrega de su informe en México.
En una carta dirigido a diferentes medios de comunicación, las comunidades indígenas, sus organizaciones y las de la Sociedad Civil en Chiapas que participaron en la realización de la visita de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre Pueblos Indígenas, en el estado de Chiapas el 14 de noviembre de 2017, resaltan algunos de los elementos que arroja su informe, mismo que fue presentado en Ginebra, Suiza, en septiembre de 2018 y el día de ayer lunes fue entregado oficialmente al gobierno mexicano que encabeza Enrique Peña Nieto.
“Durante la visita a Chiapas, en noviembre de 2017, la Relatora se reunió en la comunidad La Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, con cientos de representantes y organizaciones acompañantes, pudo escuchar y constatar la persistente situación de violaciones a los derechos humanos que sufren los Pueblos Originarios, las y los anfitriones del ejido La candelaria informaron sobre su lucha para proteger Suyul, su laguna sagrada, frente a proyectos gubernamentales turísticos, de carreteras y otros que afectarían la integridad de su territorio y la continuación de sus prácticas culturales, amenaza latente con el anuncio de reactivar el proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque, dos veces detenido anteriormente por la resistencia indígena”. Citan en el comunicado.
Así también señalan que los proyectos existentes de desarrollo en Chiapas en materia energética, agraria, agroindustrial, turística entre otros, amenazan el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, en la zona zoque, por ejemplo, la entrega de concesiones de hidrocarburos, así como otros proyectos en la región, se dan sin un proceso de consulta y consentimiento libre, para la zona Norte de Chiapas, el proyecto de Tren Maya repite el mismo modelo de imposición y discriminación.
“En la visita de la relatora coincidimos en la urgencia de preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas enfatizando que se requiere de una reglamentación adecuada al derecho internacional, ya que este asunto se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de sus derechos humanos, en el Informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas, entregado a la Relatora en noviembre de 2017, planteamos como recomendación: Poner en el centro de cualquier discusión sobre derechos de los Pueblos Indígenas el inalienable derecho a decir ‘No’ sin cortapisas, sin candados, la reposición del ‘No’ para los Pueblos Indígenas frente a proyectos, planes, políticas de estado o empresas que afectan sus territorios y bienes naturales es condición indispensable para el ejercicio de la libre determinación, de la restitución de los territorios y del ser originario”.
Recordaron que en cuanto a Violencia, Impunidad y Acceso a la Justicia, las recomendaciones emitidas por la Relatora coinciden con problemáticas que afectan a los pueblos, aunque lamentablemente también a gran parte de la población en el país, asesinatos, amenazas, agresiones, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas.
Señalaron que en su visita a Chiapas, se le presentó a la Relatora la amplitud y diversidad de formas de violencia dirigida hacia las mujeres, misma que ha ido en aumento en los últimos años sin que la Alerta de Violencia de Género declarada en octubre de 2016 haya marcado una diferencia significativa, y urgen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a tomar medidas para promover los derechos de las parteras indígenas.
“En cuanto al desplazamiento forzado, una de las recomendaciones de la Relatora es sobre el caso Chenalhó-Chalchihuitán, mientras la Relatora se encontraba de visita en Chiapas, se produjo una crisis humanitaria en ambos municipios donde más de 5 mil personas en su mayoría mujeres, niñas, niños y ancianos tuvieron que abandonar sus casas por el riesgo a sus vidas, esta cifra disminuyó con el retorno obligado de 3 mil 858 indígenas de Chalchihuitán, el 02 de enero de 2018, sin embargo, retornaron a sus comunidades de origen sin contar con condiciones de seguridad para hacerlo debido a la presencia de grupos que no han sido desarmados y la mayoría se encuentran rentando terrenos sin regresar a sus casas o tierras, mil 165 personas continúan en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, y lo más grave hubo pérdidas humanas”, dictan en la carta.
Por todo lo anterior, las organizaciones de defensoras de derechos Humanos ratifican la urgencia de atender la recomendación de la Relatora en el sentido de que las autoridades deben resolver los factores subyacentes detrás de estos desplazamientos, tales como conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados, mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia, en casos graves, como el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, las autoridades en sus tres niveles y agrarias deben garantizar que las medidas adoptadas no generen más conflictividad entre comunidades indígenas.
“Desde Chiapas, agradecemos a la relatora su oído atento a lo que se le planteó durante su viaje a México, manifestamos que el Estado mexicano es el responsable de garantizar el cumplimiento de la recomendaciones manifestadas por la Relatora, subrayando que la situación en que se encuentran los pueblos indígenas en Chiapas incluso se ha agravado desde la anterior visita de un Relator de derechos de los pueblos indígenas hace 15 años”.
Acuerda Sección 50 del SNTSA exigir al gobierno de Chiapas el cumplimiento de compromisos firmados
Acuerda Sección 50 del SNTSA exigir al gobierno de Chiapas el cumplimiento de compromisos firmados
Jesús Gómez/ASICh
La Sección 50 del SNTSA acordó exigir al gobierno de Chiapas el cumplimiento al pago inmediato de bonos pendientes, SAR, FOVISSTE, seguros de vida y otras prestaciones laborales, tal como se comprometió firmando acuerdos cuando el movimiento de la huelga de enfermeras.
En la primera asamblea del nuevo Comité Ejecutivo, encabezado por la secretaria general María de Jesús Espinosa de los Santos, en el auditorio Ernesto Che Guevara de la Sección 7, mediante una votación a favor de dos mil trabajadores se tomó el acuerdo.
Asimismo, se solicitara auditoria al FETSE, ya que el sindicato anterior no entregó la información de todos los activos y pasivos del Sindicato, y borró mucha información.
También, se determinó que todas las licencias sindicales otorgadas por el CEN anterior, serán canceladas con fecha 9 de octubre. Los trabajadores que gozaban de esto se incorporaran a laborar en su unidad de adscripción, solamente se respetarán licencias humanitarias.
Se cancela toda representatividad sindical en la Unidades Médicas, ya no habrá representantes sindicales. Todo trámite será directo en la Sección 50 con el nuevo comité, con la cartera correspondiente, la intención es evitar estafas.
Existirá un buzón de queja por si algún secretario o suplente del nuevo Comité realiza acciones fuera de la normatividad. Se podrá hacer la denuncia correspondiente, evitando corrupción.
La nueva dirigencia impulsará la profesionalización sólo al personal de base, (mediante la plataforma sindical). Para el personal regularizado y el no formalizado, se va a trabajar en ello con las autoridades correspondientes. ASICh
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