Coinciden Fernando Castellanos y Osorio Chong en la importancia de la profesionalización de los servidores públicos

En el marco del Encuentro Nacional para la Profesionalización del Servicio Público Local, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor coincidió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en que privilegiar la fiscalización, la evaluación, la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos, abona a impedir la improvisación y que se generen actos de corrupción en los municipios.

El mandatario capitalino realizó el anunció del Reglamento para la Profesionalización del Servidor Público en Tuxtla Gutiérrez, el cual contribuirá a combatir la corrupción en la administración municipal y a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

“Hoy más que nunca, nuestro compromiso es con la gente, con garantizarles un servicio honesto y transparente, por ello la profesionalización de los servidores públicos es un tema prioritario para el Ayuntamiento tuxtleco y vamos a trabajar en esta arista para generar buenos resultados en favor de la ciudadanía”, indicó.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong remarcó que los gobiernos locales deben ser fuente de soluciones para alcanzar las metas nacionales, como reducir la desigualdad, garantizar el acceso a la salud y a la educación, promover la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

“Tenemos que trabajar en ese camino, no hay otro, y a México le conviene, sumemos esfuerzos para multiplicar resultados y poner el bienestar ciudadano al centro de nuestras acciones”, indicó.

Castellanos Cal y Mayor señaló que el Reglamento para la Profesionalización del Servidor Público en Tuxtla Gutiérrez, vigilará que los perfiles de los funcionarios sean los adecuados y que los diferentes puestos no sean otorgados a base de nepotismo, ni privilegios, sino por la capacidad que el aspirante tenga.

Por último, el presidente Fernando Castellanos reiteró el compromiso de su gobierno para generar acciones que contribuyan a elevar la eficacia, la transparencia y la eficiencia de los servidores públicos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe señalar que el Encuentro Nacional para la Profesionalización del Servicio Público Local tuvo por objetivo el impulsar la profesionalización nacional del servicio público para incrementar la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y la conformación del Sistema Nacional de Capacitación para los Gobiernos Locales.

Hacen oficial y pública la reinstalación de Rosa Pérez en Chenalhó

Soel Gómez, Agencia ReporteCiudadano.

Chenalhó, 27 de Abril del 2017.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, hizo la difusión oficial de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dentro del expediente que promovió Rosa Pérez Pérez para la reinstalación en su cargo como presidenta municipal, emitida el 17 de agosto del 2016 por la sala superior en su calidad de máxima autoridad Nacional en materia electoral.

Fue pasada las 11 de la mañana que Pablo Álvarez Vázquez, Titular de la Unidad de Oficialía Electoral del IEPC, acudió al edificio de la presidencia municipal para hacerle del conocimiento a Pérez Pérez, acompañado del Delegado de gobierno en ese municipio Tostsil, Alonso Méndez Guzmán, en representación del Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.

“En la sentencia se considera que los hechos que tuvieron lugar el 25 de mayo del año en curso (2016) resultaron determinantes para que la actora se viera forzada a firmar el escrito de renuncia, de manera que esta no tiene justificación constitucional, ni legal, y surgió en un contexto de violencia política de género, por tanto dicha renuncia resulta ineficaz y no puede producir efecto jurídico alguno”, citó al dar lectura parte del escrito antes de hacerlo público.

Dejó ver que en el cuarto punto del resolutivo se vincula al IEPC del estado de Chiapas, “realizar las acciones precisadas en los efectos de la presente resolución, lo cual deberá informar dentro de un plazo breve y razonable”, lo cual estaba realizando este día.

Recordó que Rosa Perez, con número 1654 del año 2016 promovió un amparo ante la instancia, manifestando “haber sido obligada a firmar un escrito de renuncia al cargo de la presidenta municipal de San Pedro Chenalhó Chiapas. En la sentencia se explica que tanto el convenio 169 de la Organización Nacional del Trabajo (OIT) como los artículos 2º de la Constitución Federación y 7 de la Constitución Política de Chiapas, reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, el derecho de conservar su cultura, lenguas, cultura, tradiciones e instituciones propias, las cuales habrán de ser compatibles con los derechos humanos de todas las personas, mujeres u hombres”.

“La Sala Superior decidió que la ciudadana Rosa Pérez Pérez quien fue electa como presidenta municipal a través de los votos de hombres y mujeres de San Pedro Chenalhó, debe regresar a ejercer dicho cargo, para ella se vincula a las autoridades estatales para que generen las condiciones de seguridad para efecto de que la presidenta municipal, así como el propio cabildo, puedan ejercer el cargo en un ambiente de paz y tranquilidad en el municipio de Chenalhó”, añadió.

Con la presencia del Abraham Cruz Gómez, tesorero municipal; el Director de Obra, Manuel Pérez Gómez; el Secretario municipal, Manuel Arias Vázquez; regidores y el gobernador Tradicional, Miguel Hernández Jiménez, reveló que otro de los puntos del resolutivo, indicando que por las razones expresadas, la presente ejecutora revoca el decreto 516 emitido por el Congreso del estado el 25 de mayo del año 2016.

En uno de los puntos Álvarez Vázquez sumó se solicita la colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia, traduciéndose en la lengua Tsotsil para mejor entendimiento de los hablantes de esta lengua, al tiempo de instruir se difunda este resolutivo a las 109 comunidades que conforma el municipio.

Hasta 12 años de prisión a funcionarios que condicionen programas sociales: FEPADE

·         Recaban las evidencias por el acarreo y condicionamiento de titulares de Prospera en el informe del Senador Roberto Albores Gleason

Marvin Bautista, (interMEDIOS).

Tapachula, 27 de Abril del 2017.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que de acuerdo a la legislación penal, el condicionamiento de programas sociales por servidores públicos puede ser sancionado de 2 a 12 años de prisión; en tanto que la alteración del Registro Federal de Electores, hasta siete años.

Respecto al condicionamiento de titulares del programa federal Prospera al informe del Senador Roberto Albores Gleaso (RAG) el pasado sábado en Tuxtla Gutiérrez, el Director General Adjunto de Servicios Legales y Dictámenes de la FEPADE, Luis Espíndola Morales, dijo que se recaban todas las evidencias del acarreo para la aplicación de las sanciones.

Comentó que se la fiscalía documenta plenamente los hechos para conducir una investigación seria, confiable y fidedigna, sobre todo porque el condicionamiento de programas sociales y el uso indebido de recursos públicos en cuestiones electorales, son tipificados como delitos en la materia, ya que son dañinos y lesivos al sistema democrático del país.

“Tenemos la documentación de los hechos para hacer las investigaciones pertinentes para actuar de manera fidedigna, ya que la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que el condicionamiento de programas sociales es sancionado con cárcel” sostuvo.

Señaló que gracias a las nuevas legislaciones, las investigaciones de los delitos electorales ya no solo se documentan a través de denuncia presencial, sino ahora la población lo puede hacer vía telefónica o por las redes sociales en donde se pueden incluir archivos de voz, imágenes, videos y relatorías, incluso ya se cuenta con una aplicación Fepade-Móvil, en teléfonos inteligentes donde en tiempo real se pueden subir los hechos a las plataformas y hasta geo-referenciar los lugares donde se cometen, aparte de informaciones periodísticas en los medios tradicionales.

Detalló que los principales delitos electorales que se comenten en México son, el condicionamiento de programas sociales, uso indebido de recursos públicos, la compra y coacción del voto, la presión en el electorado, la destrucción de materiales electorales, la alteración del Registro Federal Electoral y la intervención de ministros de culto en cuestiones electorales, entre otros. (iM rrc)