Enfrentan proceso penal maestros que vandalizaron la Torre Chiapas

·         El Juez de Control primero determinó que la detención fue legal y después resolvió que había elementos para vincularlos a proceso

·         Enfrentarán su proceso en libertad porque la Fiscalía consideró que no hay peligro de fuga y los inculpados se comprometieron ante el Juez a tener un comportamiento adecuado

Tuxtla Gutiérrez, 21 de febrero del 2019.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que los nueve ciudadanos detenidos la semana pasada en flagrancia por los hechos violentos ocurridos en el inmueble denominado Torre Chiapas de Tuxtla Gutiérrez, sí fueron procesados en el penal El Amate.

Un Juez de Control de El Amate analizó a la luz de las disposiciones de la Constitución Federal las actuaciones realizadas dentro de la carpeta de investigación y tras escuchar al Ministerio Público y a la defensa de las nueve personas presentadas, resolvió que la detención sí había sido realizada en flagrancia, al considerar que fueron detenidos el 12 de febrero de 2019 en el momento en que se estaba cometiendo un hecho violento.

Inmediatamente después, la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público formuló la correspondiente imputación y dentro del término constitucional ampliado, el mismo Juez consideró que con los datos de prueba se podía establecer la existencia del hecho que la Ley señala como delito y que existía la probabilidad de que estas personas hubieran participado como autores materiales de ese hecho.

La autoridad judicial que conoce de la causa penal 48/2019, en ejercicio de sus facultades como protector de los derechos humanos, determinó que no todos los hechos que penalmente se les habían imputado a los nueve ciudadanos se actualizaban; sin embargo, consideró que la existencia de los daños al inmueble denominado Torre Chiapas eran notorios y que por ese delito sí se les debería vincular a proceso penal, concediendo un plazo de investigación de dos meses al representante social para que pueda preparar su acusación y llevar a juicio oral y público a los procesados, en el que se les garantice la protección de sus derechos humanos y procesales, ese plazo correrá a partir del día 16 de febrero y fenece el 16 de abril del presente año.

Al momento de analizar la medida cautelar que se les debería imponer a los ciudadanos Fredy Enrique “N”, José Alberto “N”, Ángel “N”, Faustino “N”, Baldomero “N”, Antonio Guadalupe “N”, Gilberto René “N”, Emigdio Malael “N” y Concepción “N”, la Fiscalía General atendiendo al principio de objetividad y lealtad al proceso, estableció que de los datos de investigación no se contaba hasta ese momento con indicios de que los imputados pretendieran sustraerse a la acción de la justicia.

Por lo que aunado a la manifestación de parte de estas personas de comprometerse a no participar en hechos violentos en agravio de las personas o las instituciones, el Juez que conoce del caso determinó que era suficiente medida cautela la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la que residen o del lugar que fijó el juzgador, así como la prohibición de acudir a determinadas reuniones o acercarse a la Torre Chiapas, lugar en el que ocurrieron los destrozos.

Con esta determinación se protege el derecho de presunción de inocencia de los vinculados y al mismo tiempo se camina directamente al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de los daños, con la finalidad de hacer prevalecer el Estado de derecho y recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia a través de juicios justos en los que se respeten las garantías de los ciudadanos y se pueda demostrar el delito y la responsabilidad.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, reiteró su compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y garantizar que no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en Chiapas.

En este gobierno no hay impunidad para nadie, afirma secretario de Gobierno

Tuxtla Gutiérrez, 21 de febrero del 2019.- La Secretaría General de Gobierno, que encabeza Ismael Brito Mazariegos, se declaró respetuosa de la decisión tomada por la síndica y regidores que integran el Cabildo del municipio de Arriaga, al solicitar licencia definitiva para separarse del cargo conferido, ante el Congreso del Estado.

Reconoció la decisión responsable de los funcionarios que, mediante un escrito turnado al Poder Legislativo, manifestaron el retiro de todo el Cabildo por así convenir a sus intereses, a fin de facilitar las investigaciones sobre el homicidio del activista Sinar Corzo Esquinca.

Al respecto, el secretario general de Gobierno señaló que todo lo que permita el esclarecimiento de cualquier hecho delictivo y ayude a la aplicación irrestricta de la ley, recibirá siempre el respaldo del Ejecutivo estatal.

“Manifestamos nuestro compromiso con la justicia y, en este caso, los órganos competentes continúan realizando las investigaciones a fondo para que no se ponga en duda la credibilidad de los resultados totalmente transparentes e imparciales”, indicó.

Brito Mazariegos recalcó que, respetando la separación de Poderes, estarán pendientes de la decisión que tome el Congreso del Estado, en este caso la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual analizará y dictaminará dicha solicitud, para saber si es otorgada o no la licencia definitiva a las y los regidores.

Buscan consolidar inversión de empresa Mazazul Organics en Chiapas

·         El secretario de Economía y del Trabajo se comprometió a impulsar todas las actividades productivas de la empresa en favor del empleo y el crecimiento económico de la entidad

Tuxtlla Gutiérrez, 21 de febrero del 2019.-  El secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Aarón Yamil Melgar Bravo, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, y la diputada Cinthya Vianney Reyes Sumuano, presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, para conjuntar estrategias y fortalecer la inversión de la empresa Mazazul Organics S.A. de C.V., la cual mantiene una fuerte presencia en Arriaga y Tapachula.

Durante este encuentro, Melgar Bravo y Toledo Cruz escucharon con atención la propuesta de expansión por parte de los representantes de la firma empresarial, con el ánimo de impulsar acciones coordinadas para el crecimiento, consolidación y permanencia de la misma, permitiendo, a la vez, la rentabilidad de sus ganancias, certeza jurídica laboral y aumento de su planta productiva.

Cabe mencionar que Mazazul Organics S.A. de C.V. es una compañía dedicada a la compra, venta, importación, exportación, maquila, transformación, procesamiento, empaque, envasado, almacenamiento, desecamiento y deshidratación de frutas, hortalizas, leguminosas y sus derivados, fundada hace 25 años en México.

Actualmente, cuenta con cuatro plantas deshidratadoras en el país, dos de las cuales se encuentran en los municipios de Arriaga y Tapachula, y operan durante seis meses del año para reunir gran parte de la producción de mango, con una generación de más de 800 empleos directos.

Por su parte, el gerente regional de la empresa, Roberto Carlos López Palacios, reveló que el impacto social y económico es muy grande debido a que la población obrera de las plantas son personas de bajos recursos, a quienes “les ofrecemos una gran alternativa para salir adelante con sus familias, ya que los salarios otorgados están por arriba de la competencia laboral en la región”.

Precisó que la compañía adquiere entre 12 y 14 mil toneladas de mango fresco (rezaga) al año, que antes los productores de la región no podían comercializar por la baja calidad del producto ante los estándares que exige el mercado nacional e internacional.

“A la llegada de la compañía Mazazul Organics S.A. de C.V. ahora ellos tienen una alternativa de solución aprovechando la cosecha de mango bajo estas condiciones, dejando una derrama de aproximadamente 50 millones de pesos por la compra-venta del mango rezaga de la región”, sostuvo.

Para continuar su desarrollo en la entidad, solicitaron la gestión para ampliar el contrato de comodato del bien inmueble que ocupan, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en carretera Arriaga-Nicolás Bravo, Colonia Santa Lucía, en el municipio de Arriaga, garantizando la inversión presente y futura.

La extensión del periodo permitirá su consolidación y un mayor aprovechamiento ante el alto potencial productivo con que cuenta la región en la cosecha de mango, por lo cual manifestaron su interés de planear una inversión de poco más de 20 millones de pesos para la creación de un empaque y cuartos fríos para el almacenamiento de producto fresco y producto terminado y, en un futuro, la construcción de una juguera.

En este sentido, la empresa se comprometió a invertir en infraestructura para su crecimiento paulatino, creando así más empleos en los municipios y localidades circunvecinas.

Durante la reunión acompañaron al titular de la SEyT, los subsecretarios de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones, Carlos Alberto Salazar Estrada, y de Comercio, Jaime Antonio Vera Arce.