Afecta CNTE a los más vulnerables, al obligar a suspender servicios de CONEJOBUS 

Ezequiel Gómez García /ASICh.

Cerca de 40 mil usuarios del Conejo Buss, entre ellos personas discapacitadas que reciben terapias en el Dif y el Teletón fueron afectados por la suspensión del servicio, luego de que este lunes tres unidades fueran secuestradas por los manifestantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

El director Operativo del Conejo Bus, José Rubén Cruz Aguilera, informo que la dirección general del Sistema del Transporte Urbano de Tuxtla S.A de CV decidió  suspender el servicio de manera temporal, debido a que no existen garantías para prestar el servicio sobre las rutas uno y dos.

En ambas rutas se suspendió el servicio alrededor de las 9 de la mañana, afectando a cerca de 40 mil pasajeros entre ellos los más afectados son unas 200  personas discapacitadas que utilizan el servicio para ir a sus tratamientos terapéuticos al CRIT Teletón y al DIF Chiapas.

“Son los más afectados, sobre todo que tenemos ocho unidades con rampa que le damos servicio a personas con alguna discapacidad con muchos de ellos ya tenemos la hora y el lugar donde pasamos por ellos y esto es lamentable no podemos hacerlo”.

Cruz Aguilera apuntó que la dirección general de SITUSA reprueba estos actos que afectan directamente al bolsillo de los usuarios afectando su presupuesto, toda vez que para llegar a sus centro de trabajo y a las amas de casa a los centros de abasto tienen que tomar un taxi que les cobra de 45 a 70 pesos por servicio. ASICh.

PGR ejecuta orden de aprehensión contra Secretario General de la Sección XXII del SNTE en el Estado de Oaxaca

Ciudad de México.

La Procuraduría General de la República informa que con el apoyo de la Policía Federal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en contra del Secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Oaxaca.

El mandamiento judicial fue librado el día 14 de abril de 2016 contra el Secretario General de la Sección XXII del SNTE, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal.

La conducta imputada al referido líder sindical consiste en la adquisición y/o administración de recursos económicos de procedencia ilícita, y posteriormente su utilización por el ahora inculpado.

En la indagatoria realizada se acreditó que los recursos económicos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración de convenios ilícitos.

La investigación realizada permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección XXII del Sindicato con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal del 3.5%, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca.

El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los convenios calificados de ilícitos.

Es conveniente mencionar que la ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.

Al respecto cabe destacar que los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió.

La Procuraduría General de la República participará activamente ante la autoridad judicial, conforme a sus atribuciones, para que se aplique la ley a quienes han sido puestos a disposición de los tribunales por su presunta responsabilidad en los hechos.

Esa pertinente destacar que, respecto a los mismos hechos hace algunas semanas fue aprehendido el Secretario de Finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año fue dictado el auto de formal prisión respectivo por la autoridad Judicial competente. Ambos quedan internados en centros federales de readaptación social.

Asimismo, la Procuraduría General de la República continuará investigando la posible participación de otras personas en los hechos referidos, así como la probable comisión de otros ilícitos.

En éste, como en todos los casos, la Procuraduría General de la República continuará profundizando las investigaciones respectivas con estricto apego a derecho.