Denuncian omisión de la ASE en desfalco del municipio de Tila

Rodolfo Flores, Agencia ReporteCiudadano.

Tuxtla Gutiérrez, 19 de agosto de 2020.- A casi dos años de que la administración de Edgar Leopoldo Gómez llegara a su fin en el municipio de Tila, la Auditoría Superior del Estado continúa sin aplicar las sanciones correspondientes tanto al expresidente municipal como al exdirector de Obras Públicas, Federico Montejo Camacho, por una serie de irregularidades y proyectos inconclusos.

Este día ejidatarios del municipio de cinco comunidades de Tila dieron a conocer que se han presentado las pruebas necesarias ante las instancias correspondientes, sin que hasta la fecha existan sanción alguna para estos exfuncionarios.

“Se trata de un desfalco millonario del cual, la misma Secretaría General de Gobierno tiene conocimiento, pues líderes de las comunidades afectadas han llegado hasta las puertas del Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez para solicitar la aplicación de la ley, no obstante, la Auditoría Superior y el propio Congreso del Estado han puesto oídos sordos a las demandas de los indígenas originarios de Tila, un municipio marcado por la alta marginación y la pobreza de sus habitantes”, comentaron.

Recordaron que durante la administración 2015-2018, decenas de obras millonarias fueron entregadas por asignación directa a empresas vinculadas al exdirector de Obras, Federico Montejo Camacho, quién a través de estás, obtenía beneficios directos y operaba una red de lavado de dinero en las narices de las autoridades gubernamentales.

Todo ello, con el consentimiento de Edgar Leopoldo Gómez, se desviaron cuantiosas sumas de dinero para beneficiar a familiares del exalcalde, se engrosaron nóminas con aviadores y se instituyó una vida de lujos y excesos, mientras las comunidades del municipio sufrían el olvido y el abandono.

Fue el mismo exalcalde quién a través de grupos de choque financiados con dinero del Ayuntamiento, provocaron una serie de hechos violentos en el lugar que muchos años fue la cabecera municipal de Tila, esto con el fin de justificar la instauración de una sede alterna en el ejido El Limar, desde donde operaron el saqueo descarado a los recursos del municipio.

Por ello hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que estos ex funcionarios no queden sin la sanción correspondiente, además acusan que han comenzado a realizar campaña política ya que pretender regresar a estos cargos públicos, a pesar de haber dejado estos malos antecedentes.

Ubica y detiene FGE a decimosexto objetivo prioritario por secuestro en Chiapas

·        Julio “N” fue localizado en Saltillo, Coahuila; era buscado por el delito de secuestro agravado cometido en 2018 en el municipio de Ángel Albino Corzo

Tuxtla Gutiérrez, 18 de agosto del 2020.- Derivado del Convenio de Colaboración Interprocuradurías e Interfiscalías, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro, ubicó y detuvo en Saltillo, Coahuila, a Julio “N”, decimosexto objetivo prioritario en materia de secuestro en Chiapas, responsable del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de dos personas de identidad reservada en el municipio de Ángel Albino Corzo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 19 de diciembre de 2018 en el barrio Emiliano Zapata, el hoy detenido acompañado de otras personas portando armas de fuego privaron de la libertad de las víctimas, exigiendo cierta cantidad de dinero para su liberación.

Derivado de los trabajos de inteligencia y de campo, elementos de la Fiscalía Antisecuestro en coordinación con personal de la Unidad Especializada Contra el Delito de Secuestro y Policía Municipal de Saltillo, ubicó y cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Julio “N” por el delito de secuestro agravado, siendo puesto a disposición del órgano jurisdiccional.

Cabe destacar que también por este hecho, los coimputados Berli Odiel “N” y José Rubén “N” ya se encuentran sometidos a proceso.

Retienen a seis trabajadores de constructora en Simojovel, culpan de incumplimiento a alcaldesa

Freddy Morales.

Simojovel, 18 de agosto del 2020.- En el municipio de Simojovel retienen a seis trabajadores de una empresa, hechos ocurridos desde el pasado sábado y la mañana de este lunes aún permanecían encarcelados en una comunidad, para exigir su liberación decidieron instalar un boqueo carretero total, señalan que por una obra que dejó abandonada la presidenta municipal, motivo que ocasionó esta retención.

A más de 48 horas de permanecen seis personas privados de su libertad, trabajadores particulares quienes fueron retenidos por habitantes de la comunidad Maravillas municipio de Simojovel, en demanda de la continuidad de trabajos de construcción de obra pública que comunica de la cabecera municipal hacia la comunidad, los trabajadores fueron retenidos de manera injusta, denuncian que nada tiene que ver con el problema que existe en el municipio que preside la alcaldesa Viridiana Hernández.

Señalan que los retenidos pertenecen a una empresa constructora, entre mecánicos y ayudantes, de manera sorpresiva fueron interceptados en la entrada de la comunidad Maravillas la mañana del sábado cuando retornaban de levantar un vehículo que había sufrido falla mecánica en la comunidad Sitalhá

El síndico municipal Gilberto Martínez Andrade, ha intercedido por diversos medios para buscar la liberación de las personas, sin embargo, los inconformes exigen la intervención directa de la alcaldesa para dejarle clara muchas demandas, pero se ha mostrado renuente.

Cabe señalar que los pobladores de Maravillas denuncian que la presidenta municipal Viridiana Hernández a toda costa pretende imponer a su tío como contratista en la comunidad, mientras que los comuneros rechazan la propuesta, en tanto seis personas se encuentran privadas de su libertad, “sin culpa alguna, no tienen nada que ver con el problema del municipio”.

Finalmente más de 500 pobladores de Maravillas, desde las 09:30 de la mañana de este lunes, instalaron un bloqueo carretero total sobre el tramo rural entre la cabecera municipal y la comunidad Luis Espinoza, quienes exigen la presencia de la alcaldesa para buscar una solución a sus demandas, mientras familiares de los retenidos, exigen a las autoridades locales su pronta intervención, ya que corren el peligro de ser golpeados o linchados.