Aprueba Congreso de Chiapas reformas que evitan la injerencia extranjera en procesos electorales en México Chiapas, 30 de mayo del 2026.- En sesión extraordinaria el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó -por urgente/obvia resolución- el decreto por el que se adiciona un inciso a la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Cabe destacar que el Congreso de Chiapas es el primero en aprobar la nueva causal de nulidad de las elecciones por injerencia de extranjeros. Para manifestar su postura en contra de la iniciativa participó en tribuna el diputado Rubén Zuarth Esquinca, del Partido Revolucionario Institucional, en tanto que la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo, expuso sus argumentos a favor de dicho dictamen. Así también, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas, aprobó -por urgente/obvia resolución- el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial, remitido por la cámara de senadores del Congreso de la Unión. Posterior a un intenso debate parlamentario, la iniciativa abre la participación ciudadana en la elección de quienes imparten justicia, se aprueba la fecha de la próxima elección judicial a junio de 2028 para evitar la concurrencia electoral de 2027, reduce las candidaturas, inscribe la paridad de género en el diseño mismo del proceso y blinda el modelo en todos los estados. En este punto, participó en tribuna la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional, para manifestar su postura en contra de la iniciativa y la diputada Getsemaní Moreno Martínez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para exponer sus argumentos a favor.

UTOPÍA / JAVIER FIGUEROA Madres en resistencia denuncian exclusión en el Congreso del Estado La idea de que los diputados locales son “representantes populares” no es un simple eslogan: es el fundamento mismo de su legitimidad. En el caso del Congreso del Estado de Chiapas, como en cualquier congreso estatal en México, esa representación implica mucho más que ocupar una curul, votar iniciativas o aparecer en actos oficiales. Supone, ante todo, una responsabilidad permanente de escucha, interlocución y rendición de cuentas frente a la ciudadanía que dicen representar. Sin embargo, cuando colectivos sociales —como las llamadas “madres en resistencia”— denuncian exclusión, indiferencia o falta de atención, lo que se pone en evidencia no es solo un fallo administrativo o un mal día en la agenda legislativa. Lo que emerge es una fractura más profunda entre la institución y la sociedad. Porque si quienes acuden al Congreso en busca de apoyo encuentran puertas cerradas, silencios o evasivas, entonces la noción de representación comienza a vaciarse de contenido. El problema no es menor. En contextos donde la ciudadanía enfrenta problemáticas graves como violencia y desapariciones, el Congreso debería funcionar como un espacio de canalización y respuesta. No necesariamente tiene soluciones inmediatas para todo, pero sí la obligación de recibir, escuchar y acompañar. Negar ese mínimo acto de apertura convierte a la institución en un ente distante, más preocupado por sus dinámicas internas que por las realidades que existen fuera de sus muros. A esto se suma un elemento que suele intensificar la indignación pública: la percepción de privilegio. Los diputados locales cuentan con salarios, prestaciones y recursos que, en teoría, están justificados por la importancia de su labor. Pero esa justificación se debilita cuando no hay resultados visibles, cuando el contacto con la ciudadanía es escaso o cuando se percibe una actitud de indiferencia. En ese contexto, la crítica no es solo emocional; es una reacción a lo que parece un desequilibrio entre lo que reciben y lo que aportan. También hay que decirlo con claridad: la representación política no se agota en el periodo electoral. Ganar una elección no otorga un cheque en blanco para actuar sin rendir cuentas durante tres años. Por el contrario, debería ser el inicio de una relación constante con la ciudadanía, donde el diálogo, la transparencia y la accesibilidad sean la norma, no la excepción. Cuando los diputados se encierran —literal o simbólicamente— en el Congreso, se rompe ese vínculo y se debilita la confianza en las instituciones. Por supuesto, los legisladores suelen escudarse en argumentos como la carga de trabajo, los protocolos de seguridad o las limitaciones institucionales. Y aunque estos factores existen, no pueden convertirse en pretextos permanentes para evitar el contacto con la gente. Una representación efectiva implica encontrar mecanismos para escuchar incluso en condiciones adversas, no levantar barreras adicionales. El actuar de una legislatura, como la Sexagésima Novena, no solo se mide por el número de leyes aprobadas, sino por la calidad de su relación con la sociedad. ¿A quién reciben? ¿A quién ignoran? ¿Qué causas impulsan y cuáles relegan? Esas decisiones configuran su verdadero rostro político. Y cuando ese rostro es percibido como distante o insensible, el costo no es únicamente reputacional: es una erosión directa de la legitimidad democrática. En última instancia, el reclamo que subyace a este tipo de denuncias es bastante claro: que los diputados recuerden para quién trabajan. No son una élite separada, ni administradores de un espacio cerrado. Son o deberían ser intermediarios entre la ciudadanía y el poder. Si olvidan esa función, dejan de ser representantes populares en el sentido más profundo del término y se convierten en figuras decorativas dentro de una estructura que pierde conexión con la realidad social. La crítica, entonces, no es un ataque gratuito; es un recordatorio incómodo pero necesario de lo que implica ejercer un cargo público en una democracia. Porque al final, la legitimidad no se decreta: se construye todos los días, con acciones concretas, apertura real y una disposición genuina a escuchar incluso las voces más incómodas. HASTA EL SIGUIENTE COMENTARIO.

Aprueban diputados de Chiapas la "Ley Petrona" El Congreso aprobó reformas constitucionales en materia de legítima defensa con perspectiva de género Tuxtla Gutiérrez, 30 de abril del 2026.- En sesión ordinaria, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a las iniciativas de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de legítima defensa con perspectiva de género, lo que constituye la denominada “Ley Petrona”. La “Ley Petrona” marca un antes y un después en la justicia para las mujeres en Chiapas. Esta reforma a los artículos 25 y 27 del Código Penal del Estado, pone en el centro la realidad que viven muchas mujeres: el miedo constante, la violencia que no siempre se ve y las condiciones desiguales al momento de defenderse. “Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”. La reforma prevé el establecimiento de una presunción legal que permita reconocer las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres víctimas de agresión. Cabe destacar que la “Ley Petrona” tiene su origen en el caso de Petrona “N”, una joven de 25 años originaria de Tenejapa, quien actuó en legítima defensa contra su pareja derivado de la violencia que vivía. En Chiapas ahora no se castigará a una mujer por defender su vida, pues se privilegia la justicia y los derechos de las mujeres.