Señala grave inseguridad en Mercado de la Zona Norte en San Cristóbal

Óscar Gómez, Agencia Reporteciudadano.02 de octubre de 2022. San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de 18 Organizaciones del Mercado de la Zona Norte de San Cristóbal, consideraron que no existen condiciones de seguridad para reinstalar la venta de flores en las bodegas de dicha Central de Abasto, después de los hechos violentos que se suscitaron en junio pasado.

“Resulta que el día 24 de septiembre del presente año el grupo disidente representado por Juan López Nachón, Maximiliano Pérez López, Manuel Collazo Gómez, Hilaria Gómez López, Domingo Ruíz Gutiérrez, Pedro Ramírez López, Maximiliano López Sántiz y/o Maximiliano López Díaz, este último ajeno al mercado, hicieron una publicación en las Redes sociales y en los medios de comunicación local, donde hacen el exhorto a los floricultores para que en esta temporada de todos los santos, lleguen a vender sus flores, en la que las 18 organizaciones, no estamos de acuerdo que este grupo se estén apropiando de los espacios, midiendo y cobrando derechos de piso a través de mentiras a la ciudadanía, ya que hasta la fecha no hay condiciones ni garantías para los vendedores y compradores”, citan.

En un escrito firmado por los 18 representantes que conforman la Alianza por el Bienestar el Mercado Regional de la Zona Norte, entre ellos Pascual Díaz Méndez, Miguel Huet Moshán, Manuel González Méndez, Manuel Gómez López, Juan Díaz Méndez, Guadalupe Martínez Pérez, Domingo Ruíz López Javier Collazo Gómez, Héctor López, Manuel Pérez Ich, entre otros, piden urgentemente la intervención de la Secretaría General de Gobierno.

“Le informamos que este grupo disidente sigue amedrentando a nuestros compañeros locatarios, tanto de las naves como de los tianguis, por que como la alianza de organizaciones y sus agremiados no reconocemos al administrador ni al supuesto (apócrifo) Consejo del Mercado, han sido víctimas por parte del auto nombrado administrador que responde al nombre de: Pedro Ramírez López quien instruye al personal a su cargo para cortarles la energía eléctrica, aunque nuestros compañeros estén al corriente con sus pagos con la CFE, también se les ha impedido todo tipo de mejoramiento de sus locales, y siguen siendo amenazados por este grupo de choque que si no pagan su derecho de piso les quitaran su local y no se les permitirá ingresar al mercado”, suscriben.

Por último, responsabilizan a Juan Nachón, Máximiliano Pérez López, Manuel Collazo Gómez, Hilaria Gómez López, Domingo Ruíz Guitarra, Pedro Ramírez López y Maximiliano López Sántiz, por los actos de violencia que puedan seguir en el Mercado Regional, ante la actitud represiva a este grupo.

Comuneros lanzan alerta por inseguridad en carretera

Óscar Gómez, Agencia Reporteciudadano.

Huixtán, 02 de octubre del 2022.- Pobladores de las comunidades Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas Chilil, pertenecientes al municipio de Huixtán, han prohibido estacionarse en las orillas de la carretera del tramo Federal San Cristóbal a Ocosingo, esto para evitarlo que asaltantes persisten sobre el tramo.

Con piedras delimitan los espacios que anteriormente eran usados para detener momentáneamente los vehículos, y quiénes aun así se estacionan, han acordado aplicarles una multa de 10 mil pesos, a lo que se les alerta a los turistas que eviten hacerlo.

De acuerdo a las versiones de los conductores, estas medidas las han tomado ante el gran número de asaltos que se han dado, y que usan estos espacios para pararse y observar a las presuntas o víctimas de asalto, el cual se ha dado desde meses atrás.

De la misma forma, han colocado piedras sobre carreteras que conducen al interior de las comunidades Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas Chilil, ya que algunas conectan con la cabecera, y es una ruta por la cual han usado para huir, los presuntos delincuentes.

Una fuente de la Delegación de Gobierno en la región, ha indicado que en diferentes ocasiones, ha sido citado el presidente municipal de Huixtán, para la implementación de operativos en ese tramo carretero, lo cual no ha atendido, incluso, no ha acudido a reuniones donde los pobladores de las comunidades en mención han hecho presencia.

Sedena gastó millones en tecnología, le reportaron vulnerabilidad y no corrigió

·         Según un reporte de la Auditoría Superior de la Federación de febrero de 2022, se detectaron fallas en seguridad cibernética por la falta de atención a los servicios contratados por la dependencia

Octavio Ortega, @ElTioPolitico, Expansión Política.

Ciudad de México, 01 de octubre del 2022.- El hackeo de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo haberse evitado, pues se gastaron millones de pesos y se le avisó de fallas, pero la dependencia no hizo correcciones.

Desde febrero de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a esa dependencia que era vulnerable.

 “(Existen) deficiencias en la administración y operación de 18 de los 20 controles de Ciberseguridad para la infraestructura de hardware y software de la Secretaría, revisados conforme lo establecido en el documento ‘Center for Internet Security (CIS) Control IS Audit/Assurance Program’”, se lee en la Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones, con número 2020-0-071000-20-0068-2021.

El documento de 38 páginas detalla que en el periodo de 2013 a 2019, la Sedena invirtió 2 mil 518 millones 665 mil pesos en la Dirección General de Informática y en la Dirección General de Transmisiones; se detalla que ambas áreas son responsables de información e infraestructura tecnológica.

La ASF desglosa también los pagos entregados a la empresa Decsef Sistemas, S.A, de C.V. la que fue contratada en ese año para proporcionar servicios de tecnología, el flujo de los mismos y el porcentaje destinado de esos montos a tareas específicas de seguridad.

Igualmente, se incluyen recomendaciones a la Sedena, entre las que se destaca que el proveedor debe otorgar capacitación y la dependencia tiene que realizar revisiones adicionales.

“Para que la Secretaría de la Defensa Nacional en futuras contrataciones en materia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC) fortalezca los controles de supervisión, seguimiento y validación por parte de los administradores de contrato y personal autorizado para la supervisión y vigilancia del instrumento jurídico, realizando revisiones independientes a las efectuadas por el proveedor sobre los servicios prestados”, se relata.

"Se concluye que existen deficiencias en los controles de ciberdefensa para la infraestructura de hardware y software de la Secretaría, relacionadas con las directrices, infraestructura y herramientas informáticas en esta materia, dichas deficiencias podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la Sedena", indicó la ASF el 20 de febrero.

Después del pliego de observaciones, se lee que la causa raíz probable de la irregularidad en los contratos de TIC es “falta supervisión y control en el seguimiento de entrega de servicios por parte del proveedor”, es decir, la Sedena contrató, pagó, pero no verificó que los servicios se cumplieran.

Una vez confirmado el hackeo y reconocido por el presidente en su conferencia mañanera, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advierte que el ataque cibernético a los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), puede llegar a comprometer datos de carácter confidencial de personas servidoras públicas y particulares, así como información de seguridad nacional.

"Como sujeto obligado de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), ante una vulneración de seguridad, relativa al robo, copia o acceso no autorizado a datos personales, con motivo del incidente cibernético referido, la Sedena tiene la obligación de informar lo sucedido, sin dilación, tanto a los titulares de los datos, proporcionándoles los medios de contacto a través de los cuales pueden obtener mayor información, como al INAI, para efectos del inicio de la investigación previa; lo anterior, dentro de un plazo máximo de 72 horas, contado a partir de que confirmó la vulneración de seguridad y haya comenzado a tomar las acciones encaminadas para mitigar la posible afectación", se lee en un comunicado.