Continúa bloqueadas las entradas a Chalchihuitán por gente de Chenalhó

Luis Ruiz /ASICh

Domingo Díaz Pérez, vocero de la asamblea general de Chalchihuitán desmintió que estén libres de acceso a este municipio, porque la gente de Chenalhó continúa haciendo bloqueos, por lo que este miércoles llegaron otra vez al Palacio de Gobierno, en donde funcionarios les dijeron que si han aguantado 40 años que tengan paciencia otros días más.

Aseguró que regresaría este día a su municipio y será la asamblea la que determine, porque llevan 23 días de estar bloqueados por lo que no llegan víveres, no pueden trasladar a enfermos, hacer actividades de comercio, suspendidos los servicios de salud, las actividades de los transportistas también están paralizadas.

Sin embargo, el gobierno solamente les dice que los van atender con solución al conflicto que se tiene por los límites territoriales, por lo que no les queda más que volver a regresar a buscar solución de parte del gobierno, con más habitantes.

Eso de que se abrieron los caminos el martes solamente se hizo para calmar los ánimos, porque en cuanto las autoridades se retiraron de los puntos donde bloquea la gente de Chenalhó, regresaron a colocarse. ASICh

Inmolado del Congreso del Estado exige reconstrucción de rostro a las autoridades estatales

Soel Gómez, Agencia ReporteCiudadano.                                                                                                                       

San Cristóbal, 06 de diciembre del 2017. – Agustín Gómez Pérez, quien el 5 de diciembre de 2014 se inmolo frente al Congreso del estado de Chiapas para exigir la liberación de su tío, Florentino Gómez Girón, dio a conocer que, respaldado por integrantes del Frente Popular Flores Magón, instalaron un platón frente a la Plaza Catedral de San Cristóbal, para presionar a las autoridades de gobierno cumplan la minuta firmada donde se comprometen a reconstruirle el rostro.

 Al cumplirse tres años de la determinación que tomó justo el 5 de diciembre de 2014, para la liberación de su tío Florentino en ese entonces “preso político”, reiteró que “fue el gobierno el culpable de esa acción, porque no es posible que por luchar y exigir respeto para tener una vida digna se nos fabrique delitos, se nos encarcele y se nos asesine”.

 Indicó que desde que fue dado de alta tras permanecer 6 meses en el Instituto Nacional de Rehabilitación dejó de recibir algún tipo de apoyo por parte del gobierno, y actualmente se ha rehabilitado pues lo requiere cremas para lubricar su piel, pero en lo que respecta a la reconstrucción de su rostro, no le han cumplido.

 “Los médicos me dijeron que las cicatrices ya maduraron, pero ahora se niegan a darme la reconstrucción del rostro, son las mismas autoridades que se encuentran bloqueando la cirugía; ya me habían dicho que el proceso iba a ser largo, pero las autoridades no quieren liberar el recurso para que me operen”, aseguró Gómez Pérez.

 Reiteró que el plantón indefinido que instalan en la Plaza de la Paz es para que las autoridades se den cuenta de que no se van a quedar callados y con ello cumplan con los acuerdos firmados por ellos mismos, es decir, representantes de la Secretaría de Salud y de la Secretaría General de Gobierno.

 Por último y como Frente Popular Flores Magón, se solidarizan con los diferentes movimientos sociales que luchan por un mundo más justo, a los maestros, a quienes se pronuncian en contra de las Reformas Estructurales y quienes promueven proyectos mineros de explotación de la tierra chiapaneca.

Instituciones piden a senadores rechazar Ley de Seguridad Interior

La Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamaron a los senadores a no aprobar la Ley de Seguridad Interior debido a que aseguraron que prolonga un modelo de seguridad fallido y consideraron que es urgente avanzar hacia una política de seguridad pública profesional.

En un comunicado conjunto, indicaron que si los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, "estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social".

Manifestaron que además de los cuestionamientos de actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, especialistas e investigadores, así como cuerpos colegiados y universidades que han señalado la inconstitucionalidad de la Ley, no se ha cumplido la promesa de los últimas cuatro administraciones federales de que la intervención militar en seguridad pública será temporal.

"La Ley referida confirma lo contrario y podría producir un efecto de militarización irreversible y de consecuencias irreparables. El dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados incluye una amplia y ambigua definición de lo que es seguridad interior, lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar", señalaron.

Agregaron que esa ley es también ajena a los parámetros mínimos de transparencia y rendición de cuentas, debido a que clasifica como información de seguridad nacional toda la información generada por la aplicación de dicha ley, además que "permitiría a las fuerzas armadas actuar por sí, sin coordinarse y menos aún subordinarse al poder civil; lo cual es una seria amenaza a la continuidad de las instituciones democráticas".

Por otra parte, en una carta enviada a los senadores, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" aseguró que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, se estaría incurriendo en un acto inconstitucional "ya que como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles".