Marchan familiares de recluidos, piden esclarecimiento del caso 

Rodolfo Flores.  

Tuxtla Gutiérrez. 13 de febrero del 2024.- Habitantes del municipio de Bochil, y familiares de dos personas que están recluidas en el CERSS número 05 de San Cristóbal de Las Casas, realizaron una marcha para exigir la liberación y esclarecimiento del caso.  

Florida González, esposa de Roberto Jiménez Pérez, detenido acusado de secuestro y robo agravado, de la misma manera que, Guillermo Gómez Ramírez.  

“El motivo de esta manifestación es porque estamos cansados de las injusticias de la organización denominada Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) que lidera Daniel “N” (Alias el Tatake) apoyado por el presidente municipal de Bochil, Sergio “N” que fue electo con el partido tricolor y ahora con licencia para buscar la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, expresó.  

Señaló que con base en la carpeta de investigación "que fue inventada de secuestro con el número 87-2021, a mi esposo Roberto Jiménez Pérez, que se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas privado de su libertad desde hace nueve meses" 

Dijo que, al momento de su detención le dicen que no se preocupe que esto se trata de un tema político, por lo que buscamos solucionar este problema con la intervención del presidente Sergio “N”, por lo que él sabe que es inocente y que nunca ha estado en alguna sociedad de transporte. Así, Asimismo, en su momento nos acompañó para entablar una conversación con el doctor Pineda, pero nunca hubo alguna respuesta y mucho menos del presidente, que solo nos tenía con engaños". 

Afirmó que no es justo que estas personas hagan de su voluntad argumentando tener el apoyo del gobierno. 

Además de que acusó al alcalde con licencia de mantener al pueblo de Bochil reprimido y aterrorizado por medio de un aproximado de más de 100 órdenes de aprensión, amenazando con ejecutarlas, en el momento que él crea conveniente a sus intereses. 

Responsabilizaron al alcalde de ese municipio de utilizar a personas humildes para sus intenciones. 

Se cumplen 25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez 

Freddy Morales. 

San Cristóbal, 13 de febrero del 2024.- Familiares, amigos y activistas informan que ya se cumplieron 25 años de la desaparición de Antonio González Méndez, y que las autoridades de la fiscalía se han olvidado de la desaparición, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe aprovechar una oportunidad histórica para la verdad en México, y hacer justicia sobre los desaparecidos. 

Las organizaciones en un escrito informaron que ya se cumplieron 25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, integrantes de base de apoyo zapatista, por parte del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, que operó en Yajalón, se espera que este año 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita su sentencia sobre el caso, a la fecha, el Estado mexicano no ha llevado a cabo la búsqueda del paradero de Antonio, tampoco ha habido reconocimiento claro de su responsabilidad en este crimen cometido en el marco de una política contrainsurgente criminal. 

“Buenas tardes soy Magdalena González, hija de Antonio González Méndez desaparecido desde hace más de 25 años en la zona de Yajalón, el 18 de enero de 1999 fue el día en que desapareció mi papá, nunca descansare en pedir justicia hasta encontrar a mi papá, justicia para mi papá Antonio González Méndez”, señaló en un video desde Yajalón. 

Mientras las organizaciones señalan que ya fueron 25 años marcados por la tristeza, el dolor y la ausencia de Antonio que era a la vez luchador social, hijo, hermano, compañero de vida, y padre de 3 hijas y un hijo, dijeron que han caminado juntos con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hasta con las más altas instancias internacionales, y que en junio de 2023 se celebró la audiencia del caso ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, pero no se resolvió el caso. 

Además, exigieron al Estado mexicano que reconozca su responsabilidad plena y completa en la desaparición de Antonio a manos de un grupo que solo pudo operar en Chiapas, gracias a la complicidad activa del Estado, es esos años el grupo Paz y Justicia fungían como uno de los brazos armados del Estado mexicano en su intento de reprimir a movimientos sociales de Chiapas tras el alzamiento del movimiento zapatista. 

“De acuerdo a la documentación del Frayba, Paz y Justicia, fue uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región, las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94” incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994, el Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados”, cita el escrito. 

Finalmente hacen un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional a no olvidar estos crímenes que implican una herida abierta para familiares y comunidades, “recalcamos el deber de las autoridades es garantizar la verdad, justicia y no repetición, sus omisiones año con año profundizan los múltiples impactos en las personas sobrevivientes de la guerra de contrainsurgencia”.