Jorge Pinto
Director General del Diario Acontecer Chiapaneco.
PARA RIPLEY Invasores del INI vs ex invasores del INI
Personas que de forma ilegal tienen posesión de este predio, piden encarcelen a ex invasores que se los quieren quitar
Roberto López.
San Cristóbal, 09 de Marzo del 2016.- Varias personas resulatron lesionadas, así como la detonación de armas de fuego y bombas molotov, es el saldo de un zafarrancho en los terrenos invadidos del INI.
Tiempo atrás, Mariano Jiménez Gómez ex presidente de Pantelhó, sus hijos Juan Carlos y Lucio de apellidos Jiménez Velasco, así como un grupo de gente, llegaron a esta ciudad con el único propósito de invadir lo terrenos de Instituto Nacional Indigenista (INI).
Estos seudolíderes, de la noche a la mañana contaban ya con varios vehículos y terrenos, producto de la venta de estos lotes a las personas necesitadas con un precio de hasta 200 mil pesos por cada uno, y la cooperación que diariamente les pedían.
Los invasores, cansados de Mariano Jiménez y sus hijos, los echaron fuera de estos predios, argumentando que ya bastaba de estar viviendo a costillas de los pobres.
Este predio de varias hectáreas, el cual primeramente se le conocía como INI, después Santa Catarina, y ahora con la llegada de un nuevo líder mejor conocido como el profe Juan Pérez Jiménez, le cambio el nombre a la “Libertad”, aunque no todos los que se encuentran viviendo están de acuerdo con este líder.
A eso de las 02:00 horas de este martes, un grupo de aproximadamente 50 personas, todas ellas lideradas por Mariano Jiménez y sus hijos, llegaron a esta invasión con el propósito de recuperar lo que antes tenían en su poder, según lo dijo el mismo profe Juan.
Así mismo señaló que estos ex invasores, al llegar de manera inmediata comenzaron a tirar bombas molotov, piedras, cohetes, palos, e hicieron disparos con armas de fuego calibre 20, 22 y 9 milímetros en la base de vigilancia No. 1.
De esto, varias personas quienes dijeron llamarse Jesús Pérez Pérez, Juan Porfirio López y Pedro Hernández entre otras, fueron lesionadas y solamente una de ellas fue trasladada por paramédicos de protección civil a la Clínica de Campo.
Los que ahora se encuentran invadiendo una propiedad privada, piden cárcel para los ex invasores, un caso para RIPLEY.
Ex alcalde priista de Frontera Comalapa no ofrece pruebas ante el Juez para desvirtuar acusaciones: PGJE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que luego de ser detenido, el ex presidente municipal de Frontera Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas, rindió su declaración preparatoria ante el Juez Primero del ramo penal con sede en El Amate, donde no ofreció ninguna prueba que desvirtúe las acusaciones del Ministerio Público.
Cabe destacar que en días anteriores, al ex alcalde le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de Privación ilegal de la libertad, en agravio de Ludwin Moreno Salas.
Además, Aguilar Lucas es investigado por su presunta participación en el homicidio del regidor de Frontera Comalapa, Jesús Alaín Anzueto Roblero, perpetrado la noche del pasado primero de marzo.
De acuerdo a las investigaciones que encabeza la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Homicidio, la principal línea de investigación señala a Jorge Antonio Aguilar Lucas como sospechoso de este crimen.
En este sentido, la PGJE recordó que como parte de la averiguación previa iniciada en agosto de 2015 por la muerte de José Roberto Palacios Hernández, asistente de Jesús Alaín Anzueto, éste último declaró haber recibido amenazas de muerte por parte de Jorge Antonio Aguilar Lucas.
“A partir de este momento hago responsable al presidente Jorge Antonio Aguilar Lucas, toda vez que yo no tengo enemigos y los únicos enemigos son por cuestiones políticas”, declaró.
Por otra parte, derivado de los trabajos de investigación por el crimen registrado el lunes primero de marzo en el centro de Frontera Comalapa, sobresale la detención de Manuel Ventura Dolores de 38 años (quien fungía como director de Limpia del Ayuntamiento de Frontera Comalapa) e Ignacio Flores Ventura de 35 años (asistente del presidente municipal), ambos originarios del estado de Puebla, a quienes les fue asegurada un arma de fuego tipo “AK 47” y 20 dosis de cocaína en polvo.
Al momento de su captura viajaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet, tipo Camaro, sin placas de circulación en color rojo, a la altura del desvío del poblado conocido como “El Jocote” con dirección hacia la localidad “El Sabinalito”, aproximadamente a 150 metros de la línea fronteriza con Guatemala.
Durante estas acciones, participaron efectivos de la Policía Especializada de la Procuraduría de Chiapas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Como parte del desahogo de las diligencias se corroboró que Manuel Ventura Dolores resultó adicto a la cocaína y positivo en la prueba de rodizonato de sodio lo que señala que disparó un arma de fuego.
Por estos hechos la Procuraduría de Chiapas dio vista al Ministerio Público de la Federación por el delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército y Fuerza Armada.
Durante la indagatoria por el homicidio de Jesús Alaín Anzueto Roblero se llevaron a cabo cinco cateos en diversos inmuebles propiedad de Jorge Antonio Aguilar Lucas y Manuel Ventura Dolores, donde se aseguraron una bodega con más de 24 toneladas de productos para animales, dos camionetas, un camión tres toneladas y un tráiler.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el 13 de junio del año 2015 la Fiscalía Electoral envió un oficio al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para exhortar que no fueran registrados para la jornada electoral del 19 de julio personas que tuvieran algún vínculo con grupos de operación delictiva.
Por lo que posteriormente, durante una sesión extraordinaria del Instituto, todos los partidos políticos fueron debidamente notificados.
SNTE pide a la SEP revisar causas del cese de maestros
Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicitará a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales la información en torno a las circunstancias por las que 3 mil 360 maestros no se presentaron al proceso de evaluación por desempeño, razón por la que serán separados del cargo y sin liquidación.
La agrupación gremial indicó que también pedirá revisar las fallas técnicas y logísticas que pudieron haber afectado o impedido la asistencia de estos más de 3 mil 300 profesores a la evaluación, y en caso de que esa falta se pueda justificar, las autoridades programen un nuevo proceso para presentar las pruebas.
“El SNTE mantendrá la defensa de los derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de los trabajadores de la educación, y estará atento para brindar asesoría jurídica y apoyo a cada maestro que lo requiera. No dejaremos a nadie en el camino”.
Ayer, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer los resultados del primer proceso de evaluación por desempeño, en el cual –de acuerdo con la nueva ley de educación— los profesores estaban obligados a participar. El funcionario informó que a partir de este 1 de marzo, los 3 mil 360 profesores que no se presentaron a ninguna de las dos oportunidades para evaluarse serán despedidos. Además que cinco de cada diez profesores y directivos de educación básica y bachillerato de los 134 mil 140 que participaron en 28 entidades del país, se ubicaron en los niveles insuficiente y suficiente, los más bajos en la acreditación por competencias y habilidades pedagógicas.
A través de un comunicado, el SNTE exigió a las autoridades educativas que ningún grupo de alumnos de ningún nivel educativo se quede sin un maestro, que ninguna escuela se quede sin director y subdirector; además que se acrediten las contrataciones, los nombramientos y los ascensos que los docentes hayan adquirido tras los resultados de la prueba, y “que se garanticen los derechos de los trabajadores para asegurar la certeza laboral en la asignación de las plazas y horas-clase correspondientes”.
Asimismo, el gremio demandó que la interpretación de la ley “no impida o cancele el derecho al crecimiento laboral de los docentes”.