Escala la violencia en los Altos de Chiapas

La militarización no es la solución a la crisis de desplazamiento forzado: Frayba

Gabriela Coutiño, Alerta Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 27 de marzo de 2018.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigió al Estado mexicano “investigue a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, logre su identificación, desarme y desarticulación”, para evitar que sigan atacando a pobladores de Aldama, donde fue herido de bala un niño de tres años, presuntamente por pobladores de Santa Martha, Chenalhó, en el contexto de la disputa de 60 hectáreas.

En un comunicado el Frayba, dijo que “la violencia escala en los Altos de Chiapas porque los grupos civiles armados tienen omisión e incluso protección por parte de instancias policiacas y militares encargadas de brindar seguridad a la población”.

El organismo explicó que “la BOM que estaba ubicada en la cabecera de Chalchihuitán, no detuvo en diciembre de 2017, el asedio de grupos armados y tampoco garantizó ayuda humanitaria integral a las 5 mil 266 personas víctimas de desplazamiento forzado de 9 comunidades de ese municipio y una de Chenalhó”, por la disputa de límites territoriales entre ambas localidades.

Por lo que consideró que “la militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en los Altos de Chiapas” y consideró que “a más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste el riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán”.

“Opciones militarizadas no sólo no resuelven los conflictos, sino que los intensifican, y ejemplo de ello son las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) situadas en la región”, destacó.

El Frayba señaló que “las medidas de contención de la violencia implementadas por el Estado mexicano en el caso de Aldama son ineficaces; el 1 de mayo de 2018 se instaló una BOM en Saclum, pero persistieron las agresiones con armas de fuego”.

Además refirió que 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama perdieron la vida “en ataques posteriores a la instalación de elementos militares y policiacos en la zona”.

El pasado 23 de enero “se instaló una BOM en la comunidad de Coco, Aldama para garantizar la seguridad de la población de Aldama y Santa Martha, pero esta medida ‘disuasiva’ también fracasó, y las fotografías de militares en el paisaje campesino denota una zona de guerra en un país que se dice democrático”.

Por lo que “la aceptación de la presencia militar por representantes comunitarios, se explica desde la coacción y manipulación de los programas sociales y desde el hostigamiento a quienes manifiestan oposición”.

Para el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz, “la estrategia mediática pro militares realizando tareas de ’asistencia y ‘pacificación’ no coincide con los objetivos reales de control de territorios y vigilancia a quienes defienden sus derechos humanos.

“La vida cotidiana en las comunidades se daña con la presencia de más armas como supuestas opciones de solución a los conflictos. Las imágenes de niños jugando con fusiles de madera es una dimensión en la ruptura de los tejidos sociales. La integridad personal y la seguridad de las mujeres, es otra expresión de los riesgos de la militarización”.

Desde hace 40 años, los municipios de Aldama y Chenalhó se disputan 60 hectáreas; el conflicto ha dejado alrededor de 25 muertos y varios heridos, además pobladores desplazados de sus comunidades.

Podrían alcanzar hasta 9 años de prisión

Traslada Fiscalía a El Amate a 24 detenidos por despojo

·        Fueron puestos a disposición del Juez de Control por el delito cometido en agravio de propietarios del Fraccionamiento Magaly.

Tuxtla Gutiérrez, 26 de marzo del 2019.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Centro, en coordinación con la Policía Especializada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), realizó el traslado de 24 personas detenidas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 El Amate para ponerlas a disposición del Juez de Control por el delito de despojo agravado cometido en agravio de propietarios del Fraccionamiento Magaly del municipio de  Berriozábal.

Los detenidos responden a los nombres de Javier "N", de 50 años; Roque "N" de 30;  Margarito "N", de 35; José "N", de 47; Rigoberto "N", de 26; Luis "N", de 33; Jorge "N", de 54; Iván "N", de 20; Joel "N", 27; Humberto "N" de 28; Juan Alejandro "N", de 30; Leonardo "N", de 26.

Así como Rigoberto "N", de 38 años; Gonzalo "N", de 60; Juan Carlos "N", de 33; Daniel "N", de 48; Apolinar "N", de 54; Ricardo "N", de 26; Carlos David "N", de 21; Vicente "N", de 21, Rodolfo "N", de 48; José Rigoberto "N", de 24; Rebeca "N", de 30; y María Magdalena "N", de 29 años.

Los inculpados se posesionaron de manera violenta del predio mencionado, por lo que el pasado 22 de marzo esta Fiscalía realizó el operativo de restitución del predio, siendo detenidos en flagrancia por el delito de despojo agravado.

Actualmente se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica por el delito que se les atribuye, por el que podrían alcanzar una pena de hasta nueve años de prisión.

Todas estas personas han sido asistidas legalmente con respeto a sus derechos fundamentales y en el marco del debido proceso y principio de legalidad, por lo que tras integrarse las Carpetas de Investigación fueron presentadas ya ante la autoridad que controla la actuación policial y ministerial, con el fin de realizar la formulación de imputación y solicitar sean vinculados a un proceso penal en el que se garanticen los derechos de las víctimas directas y de la población en general como afectadas por esos hechos violentos.

Con estas acciones legales la Fiscalía General del Estado que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca cumple con su función de investigar los hechos y se compromete a defender por los causes legales la salvaguarda del Estado de derecho para la pacífica convivencia de la población y que quien se aparte del cauce de la Ley responda por su conducta antisocial.

Asimismo, expresa de manera enérgica que a petición del pueblo de Chiapas y cumpliendo con la obligación que impone la Constitución, no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en Chiapas.

Trabajamos de manera interinstitucional por el bienestar de Chiapas: Rutilio Escandón

·         De acuerdo con la estrategia del presidente Andrés Manuel López

Chiapas, 26 demarzo del 2019.- Obrador, en la entidad se trabaja en conjunto en la Mesa de Seguridad. Con base en la política de seguridad que se impulsa a nivel federal, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, expresó que para garantizar el bienestar, tranquilidad y protección a la ciudadanía hay que trabajar de manera conjunta; es por ello que todos los días encabeza la Mesa de Seguridad, donde se establecen estrategias integrales de forma interinstitucional que permitan prevenir y combatir el delito.