Retienen a 5 policías municipales en Altamirano: pobladores exigen despensas

Freddy Morales.

Altamirano, 08 de mayo del 2020.- Por segundo día consecutivo diversos grupos se manifestaron en la cabecera municipal de Altamirano, para exigir al presidente municipal Roberto Pinto Kánter, despensas que le corresponde a cada habitante.

Decenas de pobladores de Altamirano quienes manifiestan ser militares de PRI, ante la falta de apoyo de despensas, retuvieron a 5 policías municipales, con la finalidad de presionar al gobierno local de atender las demandas del pueblo.

Fueron más de 100 inconformes quienes se manifestaron para exigir a la primera autoridad de entregar las despensas que desde hace varios días ha enviado el gobierno federal y del estado y en plena fase 3 de pandemia de COVID-19, se ven obligados a salir a las calles del pueblo.

“Nos hemos enterado que el presidente y el DIF municipal han realizado la entrega de despensas a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, madres solteras, a personas que dejaron de vender alimentos como las atoleras, tamaleras, vendedoras del tianguis, campesinos, choferes de combis, taxis y mototaxis que están respetando la sana distancia, a los trabajadores albañiles, maestro de obra y peones que suspendieron sus trabajos, pero a nosotras y nosotros no nos han dado nada”, denunciaron

Para que sean atendidos y escuchados el grupo inconforme, tendrán que liberar a los 5 policías retenidos, mientras tanto no habrá diálogo con las autoridades, mientras tanto se desconoce la salud de los uniformados.

Finalmente los familiares de los cinco policías detenidos presentaran una demanda penal en las instalaciones de la fiscalía de justicia indígena en Altamirano, por el delito de secuestro y los que resulten, “tres de ellos fueron goleados, su salud están en riesgo sanitario por el COVID 19.

Piden medidas cautelares para padre Marcelo por amenazas

Soel Gómez, Agencia Reporteciudadano.

San Cristóbal, 08 de mayo del 2020.- Quienes conforman los Pueblos Indígenas Tsotsiles de Bochil aseguraron que es necesario que las autoridades correspondientes emitan medidas cautelares para el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, ya que hace unas semanas volvió a recibir amenazas de muerte.

En un escrito señalan de cobarde la actitud de un supuesto integrante del CJNG que ha llegado a Chiapas y le pide al padre Marcelo “que se alinee”, aunque no dudan que la amenaza venga de un narco-político de la región, por lo que es necesario que las autoridades competentes tomen cartas en el cuidado de la integridad física del párroco.

“Reconocemos al padre Marcelo por lo que hace por los pueblos indígenas de Bochil, su mediación en la pacificación de la Región es importante y advertimos que ante cualquier atentado contra su vida, familia o feligreses, nos levantaremos en su defensa y no vamos a permitir que nos tengan amenazados e intimiden, vamos a unirnos y defendernos”.

Y es que aseguran que México es uno de los países donde asesinan o encarcelan a líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos; “no secuestrando, asesinando a los defensores de derechos a los pueblos indígenas”.

“No nos van a callar, los pueblos indígenas de Bochil nos unimos para defendernos de las diversas agresiones de Narco-Políticos, que creen que se les afecte sus intereses políticos y económico”, concluyen.2 archivos adjuntos

CERO IMPUNIDAD

Obtiene FGE vinculación a proceso por hecho de tránsito ocurrido en Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez

·         El Juez de Control consideró correcta la postura de la Fiscalía al clasificar como dolosa y no culposa la conducta del imputado; además dictó medida de prisión preventiva oficiosa

Tuxtla Gutiérrez, 08 de mayo del 2020.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró del órgano jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Joab “N”, al estimar que de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público en la audiencia inicial se podía establecer la existencia de hechos que la ley señala como delitos de homicidio, lesiones y daños; de igual manera, el juzgador consideró que esos datos establecían la probabilidad de que el inculpado sea la persona que los realizó a título de autor material.

Estos hechos fueron cometidos el pasado 28 de abril en agravio de una familia que al interior de su vehículo esperaba la luz verde del semáforo para avanzar en el Libramiento Sur Oriente y bulevar Andrés Serra Rojas, misma unidad que fue impactada por otro automóvil de la marca Volkswagen tipo Bora de color gris, ocasionando los lamentables resultados.

El Ministerio Público expuso los datos de prueba recabados –principalmente con la entrevista a una testigo presencial, la cámara de videograbación del sistema C4 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que está en el lugar de los hechos y la pericial en materia de causalidad– advirtiendo que se trataba de unas “carreras” que el conductor del vehículo tipo Bora venía haciendo por el Libramiento Sur Oriente, con otro conductor de un auto tipo deportivo que aparece en el video y que fue señalado por la testigo.

La Fiscalía hizo saber también al Juez que las investigaciones realizadas establecían que el conductor del vehículo deportivo con el que el imputado venía “compitiendo” había previsto el resultado de frente y tomó la decisión de frenar para evitar el resultado, por lo que al llegar al crucero con el bulevar Andrés Serra Rojas pudo hacer alto total para no colisionar, en cambio el conductor del Bora no realizó ninguna labor de frenado y tampoco giró el volante para evitar la colisión, lo que el Juez de Control consideró como señal inequívoca del dolo eventual, máxime que en el video se puede advertir la excelente iluminación artificial del lugar, así como la presencia de varios vehículos esperando la luz verde del semáforo, lo que se traduce en una mayor o más alta probabilidad de colisión.

Durante la vinculación a proceso, la familia afectada estuvo en todo momento acompañada por dos asesores jurídicos particulares e independientes de la Fiscalía General del Estado, quienes tuvieron la oportunidad de intervenir y de velar por los intereses de las víctimas, garantizando una actuación transparente, legal y oportuna de la Fiscalía durante la investigación y en la audiencia inicial.

Este órgano de procuración de justicia celebra la determinación del Juez de Control al considerar que en Chiapas nadie es intocable o se encuentra por encima de la ley, que la conducta del hoy vinculado no quedará impune y se procurará la reparación del daño, aseverando que cualquier hecho similar podría ser investigado por dolo eventual, con lo cual se da entrada a la prisión preventiva oficiosa, alcanzando una pena de hasta 20 años de prisión.