Familiares de Maricarmen Escobar López y activistas se manifestaron para que no dejar en libertad al presunto homicida
Jesús Gómez/ASICh
Pijijiapan, 01 de marzo del 2019.- Familiares de Maricarmen Escobar López y activistas se manifestaron en el juzgado para que no dejen en libertad al presunto homicida de la jovencita de 16 años de edad originaria de Pijijiapan, ocurrido en marzo de 2016.
Selene Álvarez Domínguez, presidenta del Frente Feminista de Chiapas, dio lectura al documento firmado por Juan Antonio Escobar Moreno y Maricarmen López, padre de la malograda jovencita, para que el juez no otorgue libertad al presunto homicida Felipe de Jesús Chamlati Albores.
El documento va dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le piden ayuda para que el sentenciado en la cárcel de Tonalá, con una condena de 36 años y seis meses por del delito de homicidio.
Piden que se le niegue el amparo que presentó el presunto homicida, ante en el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y civil del XX Circuito de Tuxtla Gutiérrez, representado por Susana Teresa Sánchez González, presidenta; J Martín Rangel Cervantes, coordinador de la extensión; Irma Caudillo Peña, magistrada ponente del amparo promovido por Felipe de Jesús Chamlati Albores.
Hacen notar que los magistrados pueden resolver pronto. Negar el amparo es justicia a un feminicidio que nos dieron por homicidio calificado.
En tanto, las mujeres de la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios se pronunciaron y exigieron que las autoridades encargadas de la política interna del estado establezcan las acciones necesarias y suficientes para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y el ejercicio pleno al derecho de una vida libre de violencia.
Asimismo, determinar la política para esclarecer los feminicidios ocurridos en Chiapas, que no se niegue el problema estructural de violencia que viven las mujeres, establecer canales de justicia y verdad para las víctimas. Que se detenga la liberación de feminicidas como se han dado en procesos culminados y se analice la procedencia del error judicial o de investigación y sean responsabilizadas las y los servidores públicos que con su quehacer entorpecieron el proceso justo para las víctimas. ASICh
