Investigan omisión, negligencia y corrupción que cobraron vidas en sismos de septiembre
· CNDH y UNAM presentaron el Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos.
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre los derrumbes provocados por los recientes sismos en que muchas personas perdieron la vida, resultaron lesionadas o vieron afectado su patrimonio, pero se investiga que la omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley en este ámbito, no sólo afectaron la seguridad y patrimonio de las personas, sino también cobraron vidas.
Las construcciones en nuestro país deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas. No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana, aseguró.
Señaló que, si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, debe cuestionarse cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles si se hubiese actuado con responsabilidad y conciencia, si se hubiese observado y aplicado debidamente la normatividad existente en la materia y se hubiese contado con una sólida base cultural de prevención.
Los recientes desastres naturales –explicó— evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que garanticen, en mejor forma, que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales como los antes referidos, tengan desde sus primeros momentos una perspectiva de derechos humanos, con el fin de propiciar que las acciones que se emprendan para prevenir, contrarrestar y remediar sus efectos, asuman como premisa básica e irrenunciable el reconocimiento y respeto de la dignidad humana.
Puso en relieve la necesidad de revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades del país, para reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión acerca de su aplicación.
Al encabezar la Presentación del Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos, elaborado por la CNDH y la UNAM por conducto del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, subrayó que ver la protección civil como un ámbito meramente técnico o administrativo es una concepción que debe eliminarse, ya que la forma en que las autoridades den una respuesta real y efectiva a los requerimientos de la sociedad ante la inminencia o consumación de un desastre, incide directamente en la vida e integridad, física y patrimonial, de las personas, así como en la vigencia o vulneración de sus derechos humanos.
El Ombudsman nacional mencionó que, si bien ha habido avances relevantes en materia de protección civil desde el sismo de 1985, lo cierto es que con el tiempo esas acciones pasaron de lo prioritario a lo rutinario, mientras que la conciencia del riesgo constante en que vivimos y la necesidad de consolidar una cultura de prevención quedaron en segundo plano.
Apuntó que los esfuerzos y acciones ante los desastres no deben ser reactivas, por lo cual se requiere consolidar un sistema con sustento en una norma clara y pertinente, tener instituciones fuertes y una cultura general de prevención de desastres que involucre a autoridades y sociedad para actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos que se presenten. Insistió en la necesidad de incluir en esos programas a la población indígena y recordó que la fecha la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo.
