Rubén Rocha solicita licencia al gobierno de Sinaloa tras mensaje de la FGR El Universal / Yahoo. Ciudad de México, 02 de mayo del 2026.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo tras la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) luego que Estados Unidos acusó de narcotráfico, junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos. "Tengo la conciencia tranquila, tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras", aseguró a través de un mensaje en redes. Se dirigió a los sinaloenses y afirmó que los señalamientos son falsos y dolosos. Pese a que apenas ayer, todavía se mostraba tranquilo y había descartado solicitar licencia como gobernador. "A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el tiempo en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran", siguió. Continuó el mensaje y sostuvo que no permitirá que lo utilicen para dañar el movimiento de la Cuarta Transformación "que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental". "Finalmente informó al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación", informó. Concluyó el comunicado, al subrayar que pidió separarse del cargo para facilitar la actuación de FGR en la indagatoria y por su "convicción republicana".

UTOPÍA / JAVIER FIGUEROA Madres en resistencia denuncian exclusión en el Congreso del Estado La idea de que los diputados locales son “representantes populares” no es un simple eslogan: es el fundamento mismo de su legitimidad. En el caso del Congreso del Estado de Chiapas, como en cualquier congreso estatal en México, esa representación implica mucho más que ocupar una curul, votar iniciativas o aparecer en actos oficiales. Supone, ante todo, una responsabilidad permanente de escucha, interlocución y rendición de cuentas frente a la ciudadanía que dicen representar. Sin embargo, cuando colectivos sociales —como las llamadas “madres en resistencia”— denuncian exclusión, indiferencia o falta de atención, lo que se pone en evidencia no es solo un fallo administrativo o un mal día en la agenda legislativa. Lo que emerge es una fractura más profunda entre la institución y la sociedad. Porque si quienes acuden al Congreso en busca de apoyo encuentran puertas cerradas, silencios o evasivas, entonces la noción de representación comienza a vaciarse de contenido. El problema no es menor. En contextos donde la ciudadanía enfrenta problemáticas graves como violencia y desapariciones, el Congreso debería funcionar como un espacio de canalización y respuesta. No necesariamente tiene soluciones inmediatas para todo, pero sí la obligación de recibir, escuchar y acompañar. Negar ese mínimo acto de apertura convierte a la institución en un ente distante, más preocupado por sus dinámicas internas que por las realidades que existen fuera de sus muros. A esto se suma un elemento que suele intensificar la indignación pública: la percepción de privilegio. Los diputados locales cuentan con salarios, prestaciones y recursos que, en teoría, están justificados por la importancia de su labor. Pero esa justificación se debilita cuando no hay resultados visibles, cuando el contacto con la ciudadanía es escaso o cuando se percibe una actitud de indiferencia. En ese contexto, la crítica no es solo emocional; es una reacción a lo que parece un desequilibrio entre lo que reciben y lo que aportan. También hay que decirlo con claridad: la representación política no se agota en el periodo electoral. Ganar una elección no otorga un cheque en blanco para actuar sin rendir cuentas durante tres años. Por el contrario, debería ser el inicio de una relación constante con la ciudadanía, donde el diálogo, la transparencia y la accesibilidad sean la norma, no la excepción. Cuando los diputados se encierran —literal o simbólicamente— en el Congreso, se rompe ese vínculo y se debilita la confianza en las instituciones. Por supuesto, los legisladores suelen escudarse en argumentos como la carga de trabajo, los protocolos de seguridad o las limitaciones institucionales. Y aunque estos factores existen, no pueden convertirse en pretextos permanentes para evitar el contacto con la gente. Una representación efectiva implica encontrar mecanismos para escuchar incluso en condiciones adversas, no levantar barreras adicionales. El actuar de una legislatura, como la Sexagésima Novena, no solo se mide por el número de leyes aprobadas, sino por la calidad de su relación con la sociedad. ¿A quién reciben? ¿A quién ignoran? ¿Qué causas impulsan y cuáles relegan? Esas decisiones configuran su verdadero rostro político. Y cuando ese rostro es percibido como distante o insensible, el costo no es únicamente reputacional: es una erosión directa de la legitimidad democrática. En última instancia, el reclamo que subyace a este tipo de denuncias es bastante claro: que los diputados recuerden para quién trabajan. No son una élite separada, ni administradores de un espacio cerrado. Son o deberían ser intermediarios entre la ciudadanía y el poder. Si olvidan esa función, dejan de ser representantes populares en el sentido más profundo del término y se convierten en figuras decorativas dentro de una estructura que pierde conexión con la realidad social. La crítica, entonces, no es un ataque gratuito; es un recordatorio incómodo pero necesario de lo que implica ejercer un cargo público en una democracia. Porque al final, la legitimidad no se decreta: se construye todos los días, con acciones concretas, apertura real y una disposición genuina a escuchar incluso las voces más incómodas. HASTA EL SIGUIENTE COMENTARIO.